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México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la ONU y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial como Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Artículo 19, entre otras. Tan sólo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según ha documentado Artículo 19, han sido asesinados 28 comunicadores. A solo 23 días de que inició este 2022 ya suman tres periodistas asesinados:
Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa. Del total, 136 hombres y 12 mujeres. Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento. En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades. En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelamos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social. Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar. Casos como el de Lourdes Maldonado quien notificó al Mecanismo federal y estatal, que temía por su vida pone en evidencia no sólo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral. Sumado a la inseguridad y la falta de resolución en los asesinatos de los colegas periodistas está la precarización laboral, ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan. Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia mañanera a solicitarle a López Obrador ayuda por un juicio laboral que ganó recientemente contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Apenas podía celebrar este triunfo, cuando fue asesinada cobardemente. Así, en México no tenemos condiciones para desarrollar nuestra labor informativa en el día a día por las pésimas condiciones laborales y la explotación que somos objeto y además tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos permitan no morir en el intento cuando se trata de informar a la población. Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio que no ha sido asumida. Mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias. Ante este panorama, las, les y los periodistas nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia. Como periodistas estamos convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad, es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, que es un bien público, aunque los gobiernos nos vean como enemigos del Estado. La seguridad de las, les y los periodistas también es responsabilidad del Estado y nos debe garantizar todas las condiciones para ejercer nuestra labor sin que nuestra vida corra peligro. Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todas y todos los periodistas. Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias. ¡No más periodistas asesinados! ¡No más periodistas desaparecidos!
#NiSilencioNiOlvido #NoSeMataLaVerdad #SinMasPeriodistasEnSusListas #PeriodismoEnRiesgo
/////// Mexico is considered one of the most dangerous countries to practice journalism, according to the UN and international organizations which assess the state of global journalism such as Reporters Without Borders, the Committee to Protect Journalists, Article 19, and others. During Andrés Manuel López Obrador’s administration alone, Article19 notes that 28 journalists have been murdered. Just 23 days into 2022 and three journalists have been killed:
Article 19 has documented 148 cases where journalists were murdered in relation to their work from 2000 through to today. Of the total, 136 were men and 12 were women. It is with anger and indignation that we note that that crimes against journalists in Mexico continue to go unpunished. Murdering a journalist in Mexico is like murdering nobodies; there are no serious investigations by state or federal prosecutor’s offices to let us know why journalists are killed in this country. Rather than any sort of justice, the amount of violence against journalists is increasing. In Mexican territory, state-sponsored violence, including organized crime in collusion with governments at different levels, has led to regions of silence where we are not able to work. Journalists are murdered disappeared, threatened and forced to flee. In a country like Mexico, with high rates of femicide and where 11 women are murdered every day, the recent murder of a female journalist must also alarm us us at a societal level, as it speaks to the destruction of the social fabric of Mexico. In 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documented that every 38 hours a female journalist or media worker is subjected to some type of violence specifically because of the work she does. Lourdes Maldonado notified both the federal and the state institutions for the protection of journalists that she feared for her life. Her case exposes not just the limited capacity of such institutions to react in a quick and effective manner and to consider different contexts and needs, but also the lack of any policy to provide integral protection to journalists. In addition to the unsafe working conditions and the unsolved murders of our fellow journalists, media workers also face job insecurity, meager wages, and extremely long work days. Lourdes Maldonado attended the president’s daily press conference in 2019 in order to ask López Obrador for help with a labor trial she recently won against the former governor of Baja California, Jaime Bonilla. She could barely celebrate this triumph, when she was cowardly murdered. In Mexico we don’t have reasonable conditions in which to carry out our everyday work. Our workers’ rights are not respected, we are subject to extreme exploitation, and our lives are at risk as we try to keep people informed. We are concerned that while news companies make huge profits, there is no political, business, or judicial commitment to media workers. It is in this context that as journalists, we are protesting around the country and demanding justice. We are convinced that our work is crucial to society. Freedom of expression and access to information are basic public services that should be guaranteed, even if governments see us as enemies of the state. The safety of journalists is also a responsibility of the state and it should guarantee us all the conditions necessary for carrying out our work without putting our lives at risk. We demand that the murders of all journalists be investigated immediately and solved. We demand justice for our colleagues and their families. No more murdered journalists! No more missing journalists!
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sábado, 12 de febrero de 2022
¡Justicia para periodistas asesinados!
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